Agregando, “así se blindarán las campañas ante la inseguridad y una posible intervención del crimen organizado… y si no tenemos respuesta del secretario de Gobernación… nosotros lo tenemos que hacer.”
Y es obvio que el gobernador tiene que hacerlo. El primer deber del Estado, del gobierno que lo representa, y del titular del ejecutivo del gobierno, es otorgar seguridad pública a todo individuo, a toda persona física o moral, a todo gobernado, sea o no candidato, ande o no en campaña, independientemente de las citas que le dé, o no le dé, el secretario de Gobernación.
No se olvide que cada persona que es asesinada, o lesionada física o psicológicamente, o secuestrada, o afectada en su patrimonio, el primer responsable es el gobernador por no haberle brindado la seguridad correspondiente, y el más agraviado es el pueblo.
Claro que hay en esos lamentables casos un sujeto activo directo del delito, y un sujeto pasivo concreto, con un nombre singular cada uno de ellos; empero, cuando afectan a un miembro de la sociedad, agreden a la sociedad entera.
Formulada esa explicación, ¿qué querrá indicar el gobernador Godoy con eso de “determinar un protocolo, y de blindar las campañas electorales”?
La palabra “protocolo” tiene muchos significados, pero ninguno le corresponde al deber jurídico del gobernador de garantizar con eficacia la seguridad de todos y cada uno de los gobernados.
¿Para qué suscribir un protocolo, y con quién? si nuestras Constituciones, la federal, y la local, y sus leyes reglamentarias de seguridad y prevención de los delitos, en lo aplicable a lo electoral, son muy claras.
Hay protocolos de cortesía, urbanidad, ceremonial, diplomacia, notarios, información, profesiones, todos pletóricos de formalidades, pero… ¿protocolos para la seguridad de las campañas electorales en Michoacán?, ¿la seguridad será para las campañas, o para las personas que participan en ellas?, ¿para los candidatos nada más, o para todos los que asistan a un acto político electoral?
Con o sin protocolos, el deber sigue siendo del gobernador, y no sólo es para lo electoral ni para los candidatos, sino para todo individuo. No cabe duda que un mal gobierno corrompe el lenguaje, y hasta a la lógica.
Son correctas las posiciones de quienes, seguramente por sus positivas características personales, le han aclarado el enredo al gobernador. Fausto Vallejo Figueroa precisó: “La seguridad, deber del gobierno, se aplica, no se discute”.
Y Wilfrido Lázaro Medina, quien con criterio certero externó: “el gobierno debe garantizar la seguridad para todos los michoacanos, en todo momento y no sólo en elecciones”.
