PALADARES PARA EL CRIMEN

Carlos Fuentes

PALADARES PARA EL CRIMEN

                                  

            Cualquier adicción es mala, pues hace que el ser humano sea dependiente de algo o de alguien, y esto coarta su libertad.

            Uno de los actos más abominables es el hacer adictos a los niños, poniéndoles drogas en los dulces; y quienes tal hacen son la escoria más baja de la inmoralidad, independientemente de que actualicen con su conducta tipificaciones penales.

            En relación a este tema, la voz autorizada de Carlos Fuentes se dejó escuchar recientemente en la ciudad de Toluca, ante un auditorio de empresarios: “El gran peligro que veo en México es que los jóvenes mexicanos de menos de 30 años, que son casi la mitad de la población, desvíen su destino y se vayan al crimen”

            Y tiene toda la razón, ya que todo confluye para que les hagan paladar al dinero fácil, a derramar sangre, a segar vidas, a cometer violaciones, secuestros, robos; e, intentan crearles adicción al crimen, a diversas drogas, al riesgo peligroso.

            Con una estupidez atroz, nuestro sistema ha creado a los famosos “ninis”, jóvenes que no hacen nada, ya que ni estudian ni trabajan. Ociosos a más no poder, se han convertido en carne de cañón del crimen organizado.

            Cuando todos ellos son sangre preciada, esfuerzo excelente para satisfacer un sin número de necesidades en el país, inteligencias y manos que, bien encaminadas podrían enriquecer nuestra infraestructura nacional en muy diversas áreas, el sistema operante en México los encamina a que realicen delitos graves como un uso diario y una costumbre cotidiana.

            Todo porque los actuales gobiernos les cierran las puertas en las escuelas, en las fuentes de trabajo, y los conducen a la desesperación que genera el no encontrar oportunidades de desarrollo.

            Por ello, todas las voces inteligentes de México deben hacer eco a los conceptos vertidos por el literato mexicano Carlos Fuentes. Su llamado de alerta sobre la tentación que genera el crimen es oportuno, y fundado. La sugerencia que formula es incuestionable, ya que señala que su tratamiento “debe ser de compromiso internacional en una cumbre de todos los países”, para poder obtener la eficacia requerida, y deseada, para que de ahí se desprenda "un proyecto nacional visible", con el que se contrarreste la proclividad al delito, al dotar a todos de oportunidades laborales y de estudio.

            Subrayó que ese proyecto debe respetarse, ampliarse y eficientarse, por encima de los sexenios. Quien llegue al poder debe seguir con el proyecto, ya que sería la continuidad política cultural que deseamos todos.

            Así que digamos no a la adicción al crimen. No permitamos que hagan paladares gustosos para el delito. Frenemos todo lo que haga proclive al ser humano a los ilícitos.

            Por último, recordemos que el ocio mal encaminado es la madre de todos los vicios, y el aniquilador de todas las virtudes. La política a seguir debe ser la de ocupación total. Nadie está de más, nadie sobra; todos los mexicanos, y cada uno de ellos, somos importantes, en la campaña contra el crimen.

VICTIMARIOS QUE PROTESTAN

Arraigo y Testigo Protegido

VICTIMARIOS QUE PROTESTAN

                                                                      

Otro   Eduardo,   otro   Villaseñor, otro

amigo, otro político, otro de La Piedad,

muerto por el miedo y la prisa de otros

hombres.

            Qué absurdo, y qué pena, el que los propios legisladores que aprobaron las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conteniendo, entre otras, las figuras del arraigo y de testigos protegidos, ahora le exijan al Presidente Felipe Calderón Hinojosa “que desaparezcan…ya que lo único que han propiciado es la sistemática violación a los derechos humanos”.

            Deberían recordar que con el voto mayoritario de los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores al Congreso de la Unión, y con el voto de las Legislaturas de los Estados, incluyendo a la de Michoacán, reformaron y adicionaron a los artículo 16, 17, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna, incluyendo entre otras figuras la del arraigo y la de los testigos protegidos, para generar con ello lo que pomposamente designaron como “el sistema procesal penal acusatorio”, y el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del año 2008.

            Todos esos defectos que ahora le ven a su obra legislativa refleja la calidad de su propio trabajo: “son extorciones a la sociedad… agravia al pueblo de México… son tiránicos y arbitrarios…”

            Desde luego que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa tiene responsabilidad en ello, ya que él inició, sancionó, promulgó y publicó, pero todos los diputados, federales y estatales, junto con los senadores, discutieron y aprobaron esas malhabidas reformas y adiciones Constitucionales por las que protestan tan airada y equívocamente los mismos victimarios.

            Empero, supongamos que esos legisladores son culpables arrepentidos, y que su inocencia, o falta de capacidad, los condujo a aprobar lo que ahora condenan, ¿cómo es posible que le demanden al Presidente Calderón la desaparición de tales figuras, cuándo ellos tienen como facultad, conforme al artículo 71 de nuestra propia Constitución Federal, el iniciar nuevas reformas y adiciones a nuestra Norma Jurídica Fundamental y, por ende, no requieren exigirle al Presidente tal desaparición, sino deben y pueden presentar una iniciativa con tal propósito.

            En realidad, las figuras del arraigo y del testigo protegido no deben desaparecer, sino que deben estar limitadas por la propia Constitución, en vínculo preciso a su naturaleza.

            El arraigo jamás puede ser una detención ni una aprehensión. Un arraigado nunca debe estar en la cárcel ni en ningún hotel disfrazado de prisión, menos en un lugar clandestino ni en una agencia del Ministerio Público ni en algún cuartel militar. A un arraigado no se le priva de su libertad, sino se le limita a que no salga del territorio de competencia del Juez que dicta tal orden.

            Y un testigo protegido, lo es, porque el poder público a través de las autoridades competentes le da protección a su persona y a su familia, pero eso no significa que lo exente de carearse con la persona en contra de la que testifica, salvo las excepciones Constitucionales de carácter general para todos los testigos, y que el Ministerio Público y el Juez deben dar su nombre y su dicho al supuesto delincuente, si no, cómo puede defenderse éste.

            Observo que el pueblo de México exige a todos los legisladores responsables, de esa desafortunada reforma y adición Constitucional, que acote y limite a esas figuras jurídicas de dicha reforma penal; o, al menos, yo como un simple ciudadano lo exijo.

FASCINACIÓN POR EL SUICIDIO

Fuero Militar

FASCINACIÓN POR EL SUICIDIO                                                                              

            La palabra “fuero” tiene tres significados de carácter jurídico: primero, como sinónimo de “código”; así se nombra al Fuero Juzgo, o al Fuero de Aragón; segundo, como “competencia”; así se expresa que un asunto se ventila en el fuero federal, o que se instó en el fuero común; tercero, como “privilegio”, situación que afecta al principio de la igualdad.

            Cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 13, que “Ninguna persona o corporación puede tener fuero”, se refiere sin lugar a dudas al fuero como privilegio, puesto que todos ante la ley debemos ser iguales.

            Empero, cuando el mismo precepto Constitucional citado ordena que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, está exclusivamente permitiendo el fuero de guerra en su sentido de competencia, y no de privilegio.

            Ese fuero de guerra, como competencia, debe seguir subsistiendo, de la misma manera que existe una competencia mercantil, o fuero mercantil, ya que los comerciantes en nuestro país tienen su propio código, sus propias leyes, y sus propios tribunales de lo mercantil, o como los trabajadores, que tienen su competencia obrera o laboral, y sus propias leyes y tribunales, o como los campesinos tienen las suyas.

            Observemos, siempre, que ese fuero competencia de guerra sólo es para los delitos y faltas contra la disciplina militar, así que si un general, o un soldado, es demandado por su esposa por pago de pensión alimenticia, quien debe juzgar el caso es un juzgado de lo familiar y con el Código Familiar; y si es demandado por no pagar el salario de su sirvienta, será la legislación laboral y ante tribunales laborales, y si atropella con su vehículo a un transeúnte, dolosa o culposamente, serán aplicables tanto la legislación penal y los juzgados de esa competencia.

            Pero, además, nuestra Carta Magna no permite que ningún civil esté sujeto a la jurisdicción militar, ya que ésta es exclusiva para militares y por delito o faltas contra la disciplina militar. Y aquí debo agregar que las leyes militares y los tribunales militares siempre han sido más severos que las leyes y los tribunales para los civiles. Así que no hay ningún privilegio en ese fuero de guerra.

            El hecho de que los militares sean quienes integran los tribunales militares se deriva sólo de leyes secundarias, ya que nuestra Constitución Federal ni lo obliga ni lo prohíbe; pero lo que sí manda claramente es que cuando en un delito o falta de la disciplina militar estuviese complicado un paisano, tanto el militar como el paisano van a tribunales civiles, aplicándole al militar su legislación, y al civil la penal correspondiente, para no romper la continencia de la causa.

            Los que han presentado iniciativas para limitar el fuero militar no conocen nuestra Constitución, o no la han entendido, o están obrando con perversidad para auxiliar al desgaste o destrucción de nuestras fuerzas armadas.

            El mal de México es que no se aplica con toda exactitud nuestra norma jurídica fundamental, al contrario, se viola; y, ahora, parece estar de moda el embrujo por el suicidio de la Nación, dedicándose a destruir a las instituciones que crearon los prohombres de nuestro país, en lugar de engrandecerlas y dignificarlas.

UNA SOLA POLICIA

Deshonestidad Grandota y Exclusiva

UNA SOLA POLICIA

                                                                               

            Cuando se trata de analizar, y resolver, el problema policiaco del país, el gobierno federal no piensa en el bien de México, sino que, por su propia naturaleza, piensa en el bien del gobierno federal y sus integrantes, ¡ah!, y también en su partido político, el PAN.

            Lo mismo acontece respecto de ese problema de inseguridad cuando los gobiernos de las entidades federativas buscan la solución a nuestro problema policiaco, ya que los 32 gobiernos locales primero piensan en ellos, como personas, y como miembros de su respectivo partido político.

            Y exactamente sucede por igual con los 2445 gobiernos municipales existentes en el territorio nacional; pensando en su desarrollo y poder, los ediles mexicanos velan por sus propios intereses.

            Desde luego que lo anterior corresponde a una lógica natural, sobre las alteraciones que han elaborado a su favor los poderosos en turno.

            Así, en los Estados Unidos Mexicanos existen tres niveles de gobierno: federal, estatal, y municipal, que viven, los tres, de recaudar impuestos, derechos, aprovechamiento, y productos, normalmente; empero, irregularmente, suelen pedir prestado, endeudándonos a los mexicanos con créditos casi nunca justificados. Y, a veces, el federal emite moneda y billetes sin sustento en la productividad de bienes y servicios, reduciendo la capacidad de compra del circulante monetario, o lo que es lo mismo, sin quitarnos ningún billete de nuestro bolsillo, nos le reducen su valor.

            Debemos de saber que el gobierno federal se queda con aproximadamente el 84% de todo lo recaudado; y el 16% restante es para los gobiernos de las entidades federativas, y de este porcentaje local a los Ayuntamiento se les distribuye apenas un 3%.

            Dime cuánto tienes y te diré quién eres, y cuánto vales. Así que los mejores recursos humanos, o al menos los mejor pagados, son los federales. Después le siguen los locales, y al final los municipales. Y para un país sin empleos, resulta un privilegio ser burócrata, sobre todo federal.

            Ante esa pésima distribución de los recursos económicos, la policía federal es la rica, la estatal es la mediana, y la municipal es la hambrienta; sin embargo, las tres se encuentran pésimamente pagadas, lo que las hace vulnerables a los sobornos.

            Frente a esa circunstancia problemática, el gobierno federal aspira a una policía federal única, con un solo mando, desde luego federal. Los gobiernos locales aceptan dos policías, una federal y otra local, coordinadas con un mando único en donde participe la federación y las entidades federativas, suprimiendo a las policías municipales.

            A lo anterior, los Ayuntamientos solicitan que sigan existiendo las policías municipales, y que se les duplique su presupuesto, para mejorarlas.

            En realidad, el problema no es que haya policías municipales, estatales y federales, el problema es que las tres padecen de corrupción; por ende, instituir una policía única y federal, sin acabar con la deshonestidad, es fortalecer al pudrimiento federal. Dejar dos policías, la federal y la estatal, sin antes terminar con la descomposición, es crear en exclusiva dos tipos de pus.

            La solución no es acabar con los Municipios, o acotar y reducir los servicios municipales, en este caso el de policía, sino comprimir drásticamente la inmoralidad y la falta de honradez en la o las policías del país; pero si tenemos presidentes, gobernadores, y altos funcionarios públicos proclives a los ilícitos de todo tipo, ¿qué podemos esperar de las policías a su cargo?

            El problema existe, subsiste, sobre existe, pero el remedio, la salvación, el alivio, es otro, y no el que han promovido ante el Congreso de la Unión.