En el siglo XX, una vez que se reacomodaron las fuerzas existentes en nuestro país después de la violenta sacudida que generó la Revolución Mexicana, se establecieron ciertos principios éticos y tácitos para la clase política.
Uno de ellos puedo explicarlo de la siguiente forma: Si quieres hacer dinero, y ser rico, métete de empresario. Ahí puedes hacer negocio hasta hincharte de ganancias, si es que te lo exige tu ambición, te lo permite tu trabajo eficaz, la buena organización que establezcas, la suerte, tu carencia de escrúpulos, o la competencia voraz que en ese sector impera.
En cambio, se establecía, la política no es para los gana dineros; la política es otra cosa. Obtienes poder, sí, pero poder político, no económico. Estos dos poderes no deben juntarse nunca.
Y así, con esa regla general, se llegó a tener con cierta separación a esos dos mundos durante muchos sexenios; aunque, claro, no dejó de haber excepciones, en donde algún Presidente de la República, o algunos gobernadores, o ciertos presidentes municipales, para sólo ejemplificar con los ejecutivos de los tres niveles del gobierno mexicano, haciéndose ricos en el cargo público correspondiente, se pasaron a forman parte del sector empresarial, pero no siendo bien vistos si intentaban incursionar en la política nuevamente.
A varias generaciones les tocó vivir bajo la egida de esa norma, hasta que llegó el nuevo estilo, en donde advino la práctica, muy estadunidense, de mezclar la vida empresarial con la política, sin haber tenido, al menos, el cuidado de sumar las cosas buenas de ambas; y, en cambio, permitiendo que se mezclaran, sin pudor cual ninguno, los peores elementos de las dos actividades. “Un político pobre es un pobre político”, se esgrimió, en el fondo, para privilegiar a la economía sobre la política.
Desde ese peligroso amasiato la lucha por el poder político parece ir encaminada a obtener el poder económico que constituye el presupuesto público, y ejercer, además, las atribuciones legales para enriquecerse económicamente a sí mismo, y a los suyos: familiares, amigos, amantes, o compañeros de partido, haciendo de todos ellos verdaderos cómplices.
Ese erario (que forman normalmente los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, los productos y las donaciones, y que anormalmente lo constituye la perversa emisión de dinero que no tiene sustento en los bienes y servicios producidos, y los créditos obtenidos que configuran la deuda pública) lo ejercen los deshonestos como si fuera privado, y hacen de él su propio avío.
Es decir, todo ese presupuesto público es su botín una vez que triunfan, si su vocación es de negociantes y bucaneros; porque también ese erario puede ser un cúmulo de recursos que invertidos honesta e inteligentemente pueden ayudar al sano desarrollo de la población, en el ámbito federal, estatal, y en el municipal.
Ya que de todo hay en nuestro México; por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática tiene en Michoacán un presidente municipal que se le encontró un faltante de 4 millones de pesos del presupuesto a su cargo, y ante algunas Comisiones del Congreso, y la Auditoría Superior de la Entidad, espetó con mucho cinismo: “No se hagan pendejos. Aquí todos somos rateros. Reconozco que cometí un desvío, pero ya paso. Ahora quiero ser de nueva cuenta diputado.”
Ante tan patética actitud, seguramente que sus compañeros de partido lo postularán en las elecciones venideras, pues los representará a plenitud.
Otro ejemplo de ese deshonesto manejo del erario en Michoacán lo da el mal manejo del presupuesto y el injustificado crecimiento de la deuda pública. Recientemente, en Querétaro, el secretario de Hacienda y Crédito Público habló de “la irresponsabilidad en las finanzas de algunos Estados”, entre ellos Michoacán, y frente a esa acusación, el gobierno del Leonel Godoy Rangel sigue endeudando a nuestra Entidad Federativa.
El gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí dejó en el año 2001 la deuda pública de Michoacán en 159 millones de pesos, y ahora en el 2011 esa deuda asciende a 13 mil 381 millones de pesos, según el monto registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el total aproximado de la misma es poco más de 20 mil millones de pesos, puesto que ilegalmente no han registrado el resto.
Y lo más grave es que los michoacanos no vemos en ninguna parte dónde se encuentra invertida esa cuantiosa cantidad, cuando nuestra Carta Magna en su artículo 117 fracción VIII impone que esos préstamos exclusivamente se adquieran para “inversiones públicas productivas”.
¿En dónde están esos miles de millones de pesos que nos han impuesto como adeudo los dos gobernadores recientes?, seguimos preguntando los michoacanos. Y ni Lázaro Cárdenas Batel ni Leonel Godoy Rangel, gobernantes endeudadores, han dado satisfactoria respuesta al pueblo. Y es que para estos perredistas todo el erario se les hizo avío.
En realidad, financiera y presupuestalmente Michoacán está en quiebra. Quien llegue al honroso cargo de gobernador le tocará a este respecto realizar una cirugía mayor.
