A ocho columnas El Sol de Morelia del día de ayer nos da a conocer, por nota periodística de nuestra compañera Elida Ochoa Isaís, que “la deuda pública de Michoacán es de 25 mil millones de pesos”, según lo denuncian diputados integrantes del propio Congreso del Estado.
Esto significa que en poco menos de 10 años esa deuda pública ha crecido de manera inexplicable hasta el momento, y ciertamente injustificable por lo exorbitante, pues no hay a la vista obras públicas ni inversiones con esos costos.
Recordemos que la administración del gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, reduciendo la deuda anterior a él, la entregó al gobernador Lázaro Cárdenas Batel con un monto de 159 millones de pesos.
Así que de 159 millones a 25 mil millones hay una distancia enorme, que debe explicar y justificar el gobernador Leonel Godoy Rangel, lo que no ha hecho, como no lo hizo oportunamente su antecesor inmediato.
La actual secretaria de Finanzas y Administración, Mirella Guzmán Rosas, debe estar preocupada. La metáfora que recién expresó nada tiene de aritmética, y adolece de pertinencia jurídica: “No está hipotecado el futuro de Michoacán para las siguientes administraciones”.
La hipoteca es una figura jurídica de garantía real sobre bienes, de naturaleza distinta a la deuda pública del Estado de Michoacán, en todos los sentidos, por lo que no ha lugar a ella ni como ilustración comparativa o alegórica.
En cierto descargo de Mirella Guzmán, debemos señalar que la responsabilidad, a parte de la de los dos gobernadores perredistas, es del anterior tesorero, y después secretario de Administración y Finanzas, Humberto Suárez López.
Cito nombres no por personalizar, sino para que se vayan configurando las responsabilidades, y se aclare cabalmente en dónde se encuentra todo ese dinero.
Desde luego que debemos aplaudir al Congreso del Estado su decisión de investigar a fondo el destino que han tenido estos 25 mil millones de pesos; y antes que esto, debe precisarse el monto exacto de todo lo que los michoacanos debemos, por determinación, hasta ahora absurda de los dos gobernadores perredistas que ha padecido nuestro Estado.
Estos dos deudores incorregibles seguramente que tienen bien saneadas sus finanzas personales y familiares, por lo que a esta Legislatura le será difícil efectuar, ella sola, la necesaria y urgente auditoría. Conveniente será, por ende, solicitar el auxilio de la Auditoría Superior de la Federación, en base a la afectación de las partidas federales.
Así, se empezaría a restablecer la confianza en el Congreso, y en el propio Poder Ejecutivo de la Entidad. Con una eficaz investigación, acaso, se pueda recuperar al menos en parte esas decenas de miles de millones de pesos. Es posible que parte de ese dinero se pueda encontrar en algunos depósitos nacionales o extranjeros, enviadas por error, por un involuntario equívoco y, entonces, el nombre de los involucrados quedaría limpio, totalmente limpio.
