El
tiempo y las circunstancias no están para desaprovechar ningún tipo de
recursos; menos en un lapso de crisis económica que ha permanecido terca en
nuestro país, y que afecta más a una entidad federativa como Michoacán.
Un
hecho de desperdicio económico lo denuncia el delegado de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, Víctor Manuel Lagunas Ramírez, quien aseveró
que “En los últimos cuatro ciclos escolares Michoacán ha dejado de acceder a
recursos extraordinarios por más de 3 mil millones de pesos, por no poder ni
querer aplicar la normatividad y las reglas de operación de programas federales
en cuanto a la reforma educativa”.
Tremenda
resulta esta confesión, y gravísimo el señalamiento, ya que la normatividad en
la materia educativa corresponde, conforme al artículo 3º fracción VIII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión,
quien “con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República,
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social
educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.
Y
quién ejecuta, y tiene el deber de vigilar que se ejecuten, las leyes
federales, incluyendo a la Carta Magna, sobre todo en educación, es el
Presidente de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública.
Así
que la revelación del delegado de la SEP de que en nuestro Estado no se cumple
con la normatividad, porque a su decir “El gobierno de Michoacán prefiere
seguir con su política del pase automático, de tener maestros comisionados en
varias expresiones sindicales y políticas, y de hacer que persista la
anarquía”, es confesar, en primer término, que la Secretaría de Educación
Pública y el propio Presidente Felipe Calderón Hinojosa no están cumpliendo con
su deber, puesto que desde hace cuatro ciclos escolares toleran, sin aplicar
las sanciones legales correspondientes, que el gobernador Leonel Godoy Rangel y
sus colaboradores en materia educativa afecten, en agravio de los michoacanos,
y del país entero, la legislación federal correspondiente.
Tanto
prevarica quien no cumple con el derecho, como quien teniendo a su cargo el
hacerlo observar, deja que violen las normas, por su desgano, temor,
incapacidad, o su complicidad, sin aplicar tan siquiera las sanciones legales
establecidas.
Afectar
así a los niños y a los jóvenes, en lo más preciado que es su educación, es un
crimen.
Y
curiosamente el Presidente Calderón les habló hace dos días a los mil niños de
México, mejor calificados escolarmente, señalándoles: “… la chamba de ustedes es estudiar… Nosotros
estamos luchando por ustedes en contra de los criminales…”
Sin
embargo, parece haber algunos criminales en contra de los cuales no se lucha.
