Isla de La Palma
DESARROLLO PARA COMPARTIR
Si la Isla de La Palma y la Isla del Cayacal forman dentro del patrimonio de los michoacanos, no ha lugar a que el gobierno del Estado de Michoacán las desincorpore del acervo estatal para simplemente donar parte de ellas, vía un fideicomiso en sospecha, a la empresa Kansas City Southern.
La iniciativa entregada al Congreso del Estado el 14 de julio del 2008, y firmada por el gobernador, el secretario de Gobierno, y el secretario de Finanzas y Administración, dice muy claro: “solicito se autorice la… donación del inmueble de propiedad estatal… ubicado dentro de la Isla de la Palma y una fracción de la parte norte de la Isla del Cayacal”; aunque antier el secretario de Economía les enmendara brusca y verbalmente la iniciativa a los suscriptores, al través de una declaración de prensa más que improvisada, en la que externó que, al respecto, la pretensión del gobierno es “no la de vender o regalar esta isla”, y añadió que “no es un negocio inmobiliario”.
El problema es que la compañía Kansas City se creó como un negocio, al estilo transnacional y gringo, y para ellos todo es money, money, money… Y ese concepto de dinero lo entiende cualquier secretario de Economía, o cualquier estudiante de esta disciplina, aunque no esté muy aventajado.
No deberíamos de olvidar que las compañías transnacionales cuando requieren de un terreno privado lo rentan, construyen sobre él considerando sus propias necesidades, y el pago del arrendamiento es una cantidad fija, a la que se suma, además, un porcentaje de las ganancias. En tales condiciones se encuentran, en la mismísima ciudad de Morelia, las grandes tiendas de ropa, de artículos de línea blanca, restaurantes, comida rápida; y no cito nombres de estas empresas archiconocidas, para no hacerles publicidad.
Así que lo dicho por el secretario de Economía da al traste con la iniciativa del Ejecutivo Estatal; y una de dos, o lo desdice y reprende, o replantea, ante el Congreso, su iniciativa de hace cerca de dos años para ajustarla a lo planteado por ese colaborador que le enmienda los errores.
Y es que la iniciativa del Ejecutivo, como el dictamen preparado por las comisiones unidas de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Económico, y Hacienda y Deuda Pública, de la Cámara de Diputados local, están pletóricos de equívocos.
Por ejemplo, quien desincorpora inmuebles del patrimonio estatal es el Congreso, no el gobernador ni menos “su apoderado jurídico”, y esa atribución del Congreso es indelegable; las donaciones siempre son gratuitas, pero pueden, conforme nuestro derecho, ser condicionadas, onerosas o remuneratorias, y nada se dice al respecto; si ese inmueble vale tanto, por qué la donación; incluso, si se va a donar el inmueble, para qué pagar hasta un fideicomiso de ribete; no se precisa ni se aclara con exactitud las medidas y linderos, la identidad plana, de la fracción de que se trata; no se encuentra legal y debidamente fundada y motivada ni la iniciativa ni el dictamen de comisiones; no hay ningún proyecto que se acompañe ni siquiera el acta constitutiva de la empresa de Kansas, para tener la certidumbre que no es extranjera ni siquiera en parte, ya que el artículo 27 fracción I de nuestra Carta Magna ordena: “En una faja de… cincuenta kilómetros en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.”
En fin, nadie está en contra del desarrollo de aquella región. Todos estamos de acuerdo en que el desarrollo sea compartido, de manera cierta, real, y no de palabra hueca y demagógica.
