Debemos
estar a favor de que existan casas del estudiante, en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, mientras subsista la urgente necesidad de auxiliar a
jóvenes humildes que, sin esta ayuda, no podrían realizar su sueño de ser
profesionistas.
La
sociedad debe vigilar que quienes reciban el privilegio de ese beneficio lo
requieran de verdad, y lo merezcan al dedicarse por completo al estudio, sin
dejar las inquietudes sociales que los motiven, honestamente, a luchar y
manifestarse, pero con respeto a nuestro sistema jurídico.
Reconocimiento
merecen quienes luchan por un ideal; pero están descalificados los mafiosos que
presionan para chantajear y obtener, así, millones de pesos en su provecho.
El
Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de esa casa de la
inteligencia, debe garantizar con su ejercicio autónomo el sano y eficaz
servicio de esos albergues estudiantiles que también han coadyuvado a generar
excelentes profesionistas para el país.
Empero,
todos debemos vigilar que los moradores de estas casas no sean carne de cañón
de ningún partido político, ni de
ninguno de esos políticos o grupos políticos que ve en ellos un instrumento
para sus intereses inconfesables, ni menos que sirvan como comparsas para las
pandillas de dentro o de fuera de la universidad.
Trato
este tema por la reciente actividad ilícita de varios estudiantes o
pseudoestudiantes de estos albergues en Michoacán, los que en torpe obediencia,
a quienes los corrompen con dinero, robaron vehículos y los incendiaron,
privaron ilícitamente de la libertad a personas, dañaron propiedades ajenas,
alteraron la paz pública, afectaron el libre tránsito de terceros, y cuando
recibieron la aplicación de la coercitividad jurídica como consecuencia de
derecho por sus actos delincuenciales, de inmediato lanzaron gritaron:
"nos están reprimiendo... nos están violando derechos humanos... no es
delito ser estudiante... se nos mata o se nos encarcela...", cuando en
este caso las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia no
han hecho más que aplicar, en estricto procedimiento, los efectos que disponen los
preceptos penales actualizados por esas conductas delictivas.
Ya
en años anteriores hacían lo mismo estos malhechores, tolerados o alentados por
los gobiernos, pero la sociedad michoacana ya está harta de que no se aplique
el derecho, generándose con ello una anarquía que no presagia nada bueno.
Ahora,
de suma importancia es distinguir entre la represión, y la legal aplicación
coercitiva del derecho a los casos concretos.
Todos
estamos obligados a cumplir con el sistema jurídico vigente en México, comenzando
por las autoridades, ya que éstas deben poner el ejemplo.
Así
que los gobernados (seamos moradores de una casa del estudiante, o seamos
quienes seamos) debemos cumplir con, y hacer cumplir, los artículos 3o fracción
VII, 8o, 9o, 13, 14, 16, y demás preceptos que forman el contenido de nuestra
Carta Magna.
Un
gobierno que sabe aplicar, en estricto derecho, la coercitividad jurídica, nada
debe temer. Debe, eso sí, ser el primero en cumplir con la Ley, y no permitir
que haya excepciones en eso del estricto acatamiento a las normas jurídicas,
para no romper el principio de igualdad.
Claro
que no es delito ser estudiante. Delito es privar ilícitamente de la libertad a
personas, robar y quemar autos, y otros ilícitos semejantes. Nadie quiere matar
ni encarcelar estudiantes, sólo deseamos que estudien, y ajusten su conducta a
derecho.
Lo
que corresponde ahora, inteligente y dialécticamente, es que en lugar de
programar nuevas tomas, marchas, quemas de autos, renovada violencia, y
conductas delincuenciales otra vez, propugnen por un pacto, a efecto de fijar
claramente sus derechos y sus deberes, siempre dentro de la Ley, en beneficio
de la sociedad, de la educación pública, mejorando la calidad y cantidad
académicas en nuestra Máxima Casa de Estudios.
