¡Estupendo! que el Presidente Enrique
Peña Nieto esté dispuesto a no permitir "que se lucre con la necesidad y
con la emergencia" en estos tiempos en que desastres naturales nos causan
severos daños, pero para ello se requiere, más que esperar la elaboración de un
Plan de Reconstrucción Nacional, la simple aplicación del Código Penal Federal,
en su amplia, pero también precisa, tipificación de delitos.
Pareciera que quienes aconsejan al
Presidente de la República proyectan muchos brincos, estando el suelo demasiado
parejo.
Para evitar el intermediarismo político,
verificar las características de los suelos antes de las reconstrucciones,
reubicar a la gente en terrenos seguros, revisar el Sistema de Protección
Civil, coordinar las acciones de los gobiernos federal, estatales y
municipales, dar apoyos fiscales a todos los afectados, reajustar el paquete
económico del 2014, sujetar a estricto control de transparencia la asignación
de recursos del FONDEN, no es necesario esperar a la existencia de ese anunciado
Plan de Reconstrucción Nacional, ya que basta con aplicar las leyes vigentes
del caso, a través de funcionarios honorables e inteligentes.
Pero, al parecer, los constantes
equívocos gubernativos consisten en la falta de puntería.
Obsérvese el manojo de reformas, algunas
ya aprobadas e, incluso, en vigencia. No hay una sola que no contenga bruscos
desajustes entre su propósito o exposición de motivos con los alcances de la
comprensión lógico jurídica de su literalidad.
La reforma educativa conlleva en su
nominación y en sus razonamientos intenciones de esa índole, pero la
comprensión de los textos constitucionales tienen únicamente efectos de
carácter laboral en el campo de la educación.
Además de que, claro está, nada ha
alterado en todo el país el fenómeno de la enseñanza aprendizaje. En cada aula,
de cada escuela, sigue pasando lo mismo que ha acontecido durante sexenios. Así
que no hay el tino suficiente para que el efecto obtenido resuelva el mal que
se pretende extirpar.
Igual pasa con la reforma energética.
Todas las autoridades aseguran a voz en cuello, y en los motivos de la
iniciativa, que jamás se privatizará PEMEX ni Comisión Federal de Electricidad,
pero en la literalidad de los textos constitucionales propuestos se da lugar a
la privatización de estas empresas claves para la economía nacional. Aquí
tampoco hay tino, y sí desatino.
En la fiscal, parte esencial de ese
vértigo de las reformas, lo único que se pretende es convertir a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en una máquina más eficaz para chupar mayor
cantidad de dinero de los bolsillos de los causantes, haciendo sentir al
contribuyente que el pagar impuestos es una simple pérdida de dinero a favor de
las autoridades, puesto que no vemos los servicios públicos que nos entregan a
cambio.
Ni siquiera el de la seguridad tenemos,
menos el de la educación pública; empero, cómo cobrar más en contribuciones sin
haber generado la atmósfera propicia para que haya empleo para todos.
