Quien no sabe aplicar la coercitividad
siendo servidor público, no llena los requisitos para serlo.
La coercitividad es la fuerza pública
que el gobierno ejerce, a nombre de todo el estado, a través de las autoridades
competentes, para hacer cumplir en todo caso el sistema jurídico vigente.
A contrapartida, la violencia siempre será
una fuerza ilegal, provenga de quien provenga. Existen autoridades, gobiernos,
y estados violentos. Son los llamados represores, porque sus actos de autoridad
siempre se encuentran fuera de la ley.
Por igual, los particulares pueden ser
sujetos activos de violencia, individualmente o en grupo; y, en este último
caso el colectivo puede ser de dos o de muchedumbre. Y en cualquiera de estos
supuestos, esa fuerza violenta generada está fuera de la ley, puesto que, en el
mejor de los casos, nadie puede hacerse justicia por su propia mano e, incurre,
en el ejercicio ilícito de su propio derecho.
¡Nadie se equivoque! Todos debemos tener
claros nuestros propios conceptos en relación a la realidad que estamos
viviendo.
No hay lugar para confusiones. Exigir que
"al conflicto magisterial no se le aplique la violencia", es correcto,
ya que a la violencia ilícita aplicada por maestros beligerantes no deben las
autoridades responderles con violencia, sino con la coercitividad que nuestro
derecho permite.
Violencia, ¡no!, venga de donde venga;
coercitividad ¡sí!, en contra de todo el que con sus actos viole el sistema de
derecho vigente en México. Y es un hecho a la vista, notorio, que algunos de
los que promueven ese conflicto magisterial han transgredido la ley, siendo
violentos.
La salida violenta al conflicto
magisterial sería un ilícito, y por ende un error; mientras que la solución
coercitiva a dicho embrollo será siempre lo legalmente acertado.
Afirman, por ahí, que "el uso de la
fuerza es el fracaso de la política", sin aclarar a qué "fuerza"
están haciendo referencia, y a qué "política". La frase es demasiado
genérica que para ser aceptada. La fuerza aplicada por los grupos de presión,
para que sea legal, no debe transgredir las prohibiciones expresas de la norma
jurídica.
Si dicha norma de derecho prohíbe expresamente
a los particulares ejercer violencia, injuriar a las autoridades, aplicar
fuerza física o moral para que la autoridad resuelva a como esos peticionarios
quieren, dicha presión es ilícita.
En ese caso la fuerza aplicada
ilícitamente por los grupos de presión es el mayor síntoma de que la política y
el derecho están siendo descalificados por los belicosos.
Por el contrario, si el gobierno es
quien aplica una fuerza ilegal a grupos que protestan legalmente, esa autoridad
que mal representa al gobierno pisotea al derecho y a la política.
No es nada complicado. Es muy sencillo.
Todas las normas de derecho tienen sus hipótesis y sus consecuencias; y, todos
los actos u omisiones humanas que actualizan a esas hipótesis deben recibir las
consecuencias jurídicas establecidas, ni más ni menos.
