Y ese algo es que, después de auditadas
legal y debidamente, a todas las autoridades responsables de faltas
administrativas se les castigue administrativamente, y a quienes cometieron
ilícitos penales se les apliquen las consecuencias jurídicas que el código de
la materia prescribe para los actos u omisiones que actualicen las hipótesis de
la tipificación respectiva.
Hemos leído las misivas que con
frecuencia envía a los periódicos Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de
Michoacán, y él mismo pide y exige que ya se concluyan las auditorías, que ya
se denuncie lo que corresponda, que ya se integren las averiguaciones previas
respectivas, que ya se consignen éstas, de resultar fundadas y motivadas, para
defenderse, y recibir las determinaciones jurisdiccionales concernientes.
Así que Godoy está de acuerdo en que se
audite, se procese, y se castigue, a quien resulte responsable.
Los partidos políticos están de acuerdo
en los mismo. El Partido Acción Nacional se ha declarado listo para presentar
denuncias e, incluso, para aportar las pruebas a su alcance. El Partido de la
Revolución Democrática ha afirmado que no va a encubrir a nadie que haya
cometido ilícitos contra el erario.
Igual acontece con el Partido
Revolucionario Institucional, ya que dentro de sus principios se encuentra la
cero tolerancia a la corrupción de funcionarios públicos.
A todo eso se suman las recientes
declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema, publicitadas
con toda amplitud y precisión por La Jornada: "Todos los gobernantes que
endeudaron a los estados... deben ser auditados y castigados... gobernadores
que sólo se dedicaron a saquear, llevándose hasta las escobas..."
En ese preciso asunto, el antes
candidato a la gubernatura de Michoacán, ahora Gobernador Constitucional en
funciones, estableció puntos de compromiso ante Notario Público, y afirmó y firmó
que promovería: "1.- La realización responsable, detallada y objetiva, de
una Auditoría Externa a las finanzas del Gobierno de Michoacán, para que los
michoacanos estén enterados de en qué condiciones quedan éstas hasta el mes de
febrero del 2012 dos mil doce."
Al parecer, esa auditoría externa está
concluida o a punto de terminarse, por lo que únicamente debe darse a conocer a
la población, conforme a lo comprometido.
Y el pueblo, respecto a ese asunto,
desea y espera que si hubo delito patrimonial en el erario, en la deuda
pública, en la cuenta pública, en algún déficit, malversación, o actos ilícitos
que motiven la no correspondencia entre los activos y los pasivos públicos, se
recobre a favor de la población, el monto monetario correspondiente, y se
castigue al responsable conforme a la ley.
Así que todos, o casi todos, estamos de
acuerdo con que se audite, y se castigue de haber razón legal para esto.
