Si
se lee el artículo 28 de nuestra Carta Magna se observará que en ese precepto
se establece la libre concurrencia, es decir, un sistema capitalista bajo una
cierta modalidad. ¡No hay duda en ello!
Así
que todas las áreas de nuestro sistema jurídico se encuentran fundadas en el
libre mercado, salvo las excepciones que la Constitución de la República
establece.
La
materia electoral, es cierto, impone modalidades, pero no las suficientes para
que se dé la esencia de la oferta y la demanda; incluso, lamentablemente para
mí, más de 50 mil millones de pesos se designaron presupuestariamente de
nuestros impuestos para la campaña electoral del año 2012.
De
esa manera hubo un reparto económico para todos los partidos políticos
contendientes, y para los candidatos postulados. PRI, PRD, PAN, Alianza; y,
Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, y
Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, al participar aceptaron las reglas del
juego, en todos los sentidos habidos y por haber.
No
hubo nadie de los mencionados que no tratara de ganar votos. Todos fueron a la
compra de los votos en esa libre concurrencia electoral que, a mí, de manera
personal no me agrada, pero que reconozco como una realidad atroz.
Nadie
de los contendientes dijo nada al respecto en su campaña interna de partido.
Todos se registraron sin descalificar los procedimientos, los recursos
económicos obtenidos, los preceptos aplicables, los órganos administrativos y
jurisdiccionales de vigilancia y de aplicación del derecho electoral para la
controversia de intereses.
Seguramente,
en cada competidor había la esperanza del triunfo en el tablero de la disputa
de sobra conocido y aceptado. Todos trataron de comprar votos. Unos con
mentiras, otros repartiendo cargos: de gobernación, educación, cultura, PEMEX,
cargos del gabinete presidencial, sin haber aún emisión de votos ciudadanos.
Algunos
más trataron de comprar votos anunciando la detención de conocidos
delincuentes, la que al final resultó fiasco publicitario contraproducente.
Otros
más repartieron sombrillas con su nombre, camisetas, cemento, varillas,
despensas, entrega de obras electoreras, cachuchas, bolsas, vales, libros real
o supuestamente escritos por los candidatos, lápices, bolígrafos, esperanzas de
un mañana mejor para jóvenes ansiosos y soñadores, o para empresarios llenos de
intereses y de mañas.
Claro
que hay límites legales para el precio de las compras, pero no hubo ni un solo
partido y candidato que no invirtiera hasta para ganar votos en el extranjero, o
aceptación de los gobiernos extranjeros, más de nuestros vecinos del norte.
Con
las reglas de libre concurrencia, con ese tablero de política nacional, con las
autoridades previamente establecidas en esa materia, la legalidad y la
legitimidad del triunfo para la Presidencia de la República la obtuvo el PRI y,
por ende, Enrique Peña Nieto.
Todos,
menos uno, han aceptado el resolutivo previo; y el resolutivo final tienen que
aceptarlo todos. Salvo que el inconforme del momento trate de mandar al diablo,
de nueva cuenta, a las instituciones del país.
