Nacional e internacionalmente se ha vuelto a poner en evidencia al Presidente de México. La inconstitucional detención de Jorge Hank Rhon fue todo un fiasco.
El Ejército Mexicano fue quien lo detuvo nocturna y supuestamente en flagrancia, por acopio de armas y delincuencia organizada, y en la propia casa habitación del detenido.
Y según las fracciones VI y VII del artículo 89, y el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único que dispone de las fuerzas armadas de México, en este sexenio, es el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Mientras el artículo 13 de nuestra Carta Magna ordena que las autoridades militares, “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”
Así que el Ejército al aprehender a una decena de civiles, entre ellos a Jorge Hank, violó lo dispuesto por nuestra Constitución.
El propio Ejército los entregó a la Procuraduría General de la República, y la procuradora Marisela Morales aseguró, en cadena nacional, que no habría arraigo en este caso, sino consignación ante Juez Federal. Y así se hizo.
Después, la Juez Noveno de Distrito con sede en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, negó el auto de vinculación a proceso, dejando en libertad al inculpado Hank, quien teniendo dinero tuvo buenos abogados, quien en su casa tenía sistema de filmación, y quien aportó pruebas de cómo los aprehensores sembraban armas prohibidas para justificar las detenciones realizadas.
Y esos aprehensores sólo están a las órdenes de su comandante en jefe, el Presidente de México, con las limitantes que nuestra Constitución Federal les impone.
Pero apenas salió libre, la procuraduría de aquel Estado de Baja California Norte pretendió arraigarlo, en contra de lo que había asegurado la PGR, ahora por delito de homicidio, en donde aún no se sabe quién es el muerto ni cuáles son los elementos esenciales del delito.
¡Pobre justicia mexicana!; si eso hace con un rico, qué no hará con los pobre, indígenas, campesinos, u obreros, que no tienen aparatos para filmar en su casa, o que no tienen casa ni empleo ni educación ni salud. ¡Urge echar afuera al mal gobierno!
