Individualización de
la responsabilidad
RELAMPAGOS QUE
CIEGAN
La desaparición forzada de una sola
persona nos ofende a todos los humanos; nos agravia más, obviamente, la
consunción ilegal de 43 jóvenes mexicanos.
Empero, por más grande que sea nuestro
malestar, nada justifica, por ahora, que a nombre de los padres de las víctimas
directas uno de esos ascendientes u otra persona ajena a ellos, lance la provocativa
amenaza: "Si no aparecen... habrá movimiento armado".
Un movimiento armado iría, en el fondo y
en la realidad, en contra de todo México, cuando el lamentabilísimo hecho
criminal lo que debe provocar como consecuencia es la aplicación exacta de la
legislación penal en contra de todos los sujetos activos de los delitos que se
hayan cometido.
Apuntemos que no todas las
responsabilidades, en la especie, son de índole penal. Por ejemplo, la
responsabilidad de los padres de los sujetos pasivos menores edad, al no estar
al pendiente de sus hijos para el cumplimiento de sus deberes escolares; la
responsabilidad de los directivos del plantel para cuidar del desempeño de esas
obligaciones de los educandos; la responsabilidad de las secretarías de
educación, federal y estatal, respecto a la plena ocupación académica, y disciplina,
que deben observar los internos en una escuela normal formadora de maestros; la
responsabilidad del Poder Ejecutivo, federal y estatal, en relación a brindar
seguridad pública para toda la población en su territorio y materia
competencial, debiendo cumplir con las protecciones, prevenciones y previsiones
en contra de cualquier delito.
Es común que los menores de edad, en
esos internados, sean utilizados como carne de cañón por parte de agitadores
sin escrúpulos para la satisfacción de intereses inconfesables, abusando de los
tradicionales sueños juveniles de ser figuras revolucionarias que transformen
la pésima realidad en que se vive.
Pero, aún así, mientras esos cobardes provocadores
irresponsablemente ponían en riesgo la vida de esos muchachos, dónde y qué
hacían los padres de los estudiantes, los directivos de la escuela, los
secretarios de Educación, federal y estatal, y sus colaboradores con compromiso
en esa normal.
¿Y los responsables de la Seguridad
Pública? Nos han dicho, oficialmente, que la Seguridad Pública municipal de
Iguala era parte del crimen organizado; sin embargo, la Seguridad Pública
estatal y federal y sus autoridades en todos sus niveles, ¿no se habían dado
cuenta de la situación ilícita y peligrosísima en Iguala?
Y el gobernador del Estado de Guerrero,
en ese entonces el perredista Ángel Aguirre Rivero, ¿no sabía que el presidente
municipal José Luis Abarca, también perredista, era integrante del crimen
organizado?
El Ejecutivo federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, ¿no sabía tampoco de ese océano de pus?
Todas esas incógnitas deben despejarse,
a efecto de precisar la individualización de la responsabilidad, y la
individualización de las sanciones aplicables.
¡Apliquemos el derecho a todos los que
tenga responsabilidad! No nos dejemos cegar por los relámpagos que no iluminan,
sino sólo deslumbran y perturban.
