No bombear oxígeno
A CADÁVERES
DESCOMPUESTOS
Cuando el artículo 13 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que "Nadie puede ser
juzgado... por tribunales especiales" está expresamente prohibiendo ese
tipo de tribunales, para que jamás apliquen el derecho en la resolución de un
caso con interés controvertido.
Sin embargo, una sana interpretación de
ese mandato constitucional es que dicha norma jurídica fundamental prohíbe toda
autoridad especial, pues para eso nuestro sistema legal instituye a todas las
autoridades ordinarias, las que son competentes para conocer de todos los casos
que, al conformar sus atribuciones legales, les indiquen los preceptos
jurídicos.
Por ello, también, todas las comisiones
especiales que las dos cámaras del Congreso de la Unión establezcan,
respectivamente, son candidatas a la inconstitucionalidad.
De esa manera, la comisión especial que
la Cámara de Diputados designó para investigar el reciente caso de los alumnos
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa tiene las limitantes que nuestra
Carta Magna establece; empero, sus conclusiones, dadas a conocer a los medios
masivos de comunicación, son acusadoras para los tres niveles del gobierno
mexicano: federal, estatal y municipal.
Resolver "que sí existió
desaparición forzada de 43 alumnos"; y "que sí sufrieron una serie de
violaciones a sus derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales", aunque se trate de un
informe calificado de preliminar, sí tiene consecuencias y efectos en la
opinión pública del mundo.
Además, agrega que los miembros de esa
comisión están preocupados al observar que se pretende "criminalizar a las
víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus
familiares, causando un agravio más a sus derechos".
Se expresa que esa comisión constató que
las fuerzas armadas federales y estatales vigilaron por horas a los normalistas
y a la policía municipal, en sus confrontas y en los inmediatos resultados de
ellas, y nada hicieron, más que reportar a sus jefes.
Y los jefes tampoco hicieron nada. Ante
tanta brutalidad y violación a los derechos humanos de los jóvenes estudiantes
fueron omisos. Dejaron hacer, dejaron pasar. Minuto por minuto, hora por hora,
día a día.
Tanto por acción como por omisión las
conductas humanas actualizan las hipótesis jurídicas de diversos tipos de
delitos, en el caso.
Pero aparte de aplicar con exactitud el
derecho penal, en la especie, las autoridades competentes ordinarias, y no las
especiales, el Presidente Enrique Peña Nieto ha empezado a esbozar el proyecto
para constituir un pacto nacional que "emprenda cambios de fondo en la
seguridad pública, en la procuración de la justicia, en la administración de
ella, fortaleciendo a las instituciones y asegurando a plena vigencia del
estado de derecho".
La idea es buena, siempre y cuando sea
para transformar toda la estructura en esas materias, y no vaya a resultar que
sólo se bombea oxígeno a cadáveres ya descompuestos.
Además, todo pacto debe sumar a personas
físicas y morales que sean representativas. Sumar ceros da ceros.
