¿Callejón sin salida?

NO HALLAR A LOS 43 NI A LOS CRIMINALES    

        Es un problema jurídico, pero también es una cuestión cultural; es un problema de seguridad pública y procuración y administración de justicia, pero a su vez es asunto educativo; es un problema económico, pero nadie puede negar que es un conflicto ético.

        Y jamás se le podrá minimizar como un simple problema criminal, aunque tiene un procedimiento y una faceta penal indiscutibles; pero, al igual, forma parte constitutiva de un fenómeno político.

        El problema de que se trata brotó hace más de un mes. Detenidos por la policía de Iguala 43 alumnos, de la Normal Rural de Ayotzinapa, quedaron en desaparición forzada.

        Ese acto delictivo de nivel provinciano destapó un fenómeno nacional que, al exhibirse, alcanzó una repercusión planetaria. ¡Mala suerte para el país!; peor para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

        A más de 32 días de haber ocurrido ese hecho, tan señalado como ilícito, no se han encontrado a los sujetos pasivos del supuesto delito, ni tampoco el poder público ha aprehendido a los sujetos activos del mismo.

        Y por la naturaleza de los conjeturados actos incriminatorios todavía no se puede saber de qué delitos se trata; por todo ello, estamos ante un caso extraño.

        Nacional e internacionalmente hay una reprobación total para la supuesta conducta ilícita, pero aún no sabemos con precisión de qué acto u omisión estamos hablando, ni los alcances del efecto dañoso producido ni los actos u omisiones que ocasionaron estas resultas perjudiciales.

        Y para el caso sólo se ha prefigurado a los sujetos, tanto a los pasivos como a los activos; incluso, por ser de relevante urgencia, personalmente por el procurador General de la República Jesús Murillo Karam, buen abogado, corre riesgo por esa prefiguración, topándose con una realidad enmarañada de contradicciones agudizadas.

        En otro aspecto del problema: el educativo, por los peligros que se observan respecto a él, es apremiante reflexionar sobre el pasado, el presente, pero sobre todo el futuro de nuestra educación.

        Se trabaja, y se anuncia, un paro nacional de carácter educativo escolar en todo México. En inicio, para apoyar a los normalistas desaparecidos, pero encaminado a la reprobación de la actual reforma educativa nacional, tan presuntuosa y oficialmente ponderada.

        Si desde ahora el poder público no sabe enfrentar con responsabilidad e inteligencia esa avalancha, corremos el riesgo de encharcarnos en infecundos y superficiales choques que a poco o a nada conducirían.

        Ante la oposición a esas reformas constitucionales, de carácter laboral y evaluatorias, es indispensable que el gobierno federal encabezado por Peña Nieto se encuentre preparado para utilizar la fuerza del movimiento en bien de una verdadera y profunda transformación educativa, que no sólo sea para la escuela, sino para la vida.

        Tengamos presente que, culturalmente, la educación de la vida es superior a la de la escuela, y esto nos impone cuidar a ambas.

        Con razón, y decididos, no hay callejones sin salida.