Ley de Arizona
¿Y LA DIPLOMACIA MEXICANA?
El asunto es gravísimo para México y, desde luego, de especial importancia para el mundo, ya que la historia del Hombre es de una constante migración.
La Ley de Arizona que entrará en vigor el 29 de julio del 2010 (si el Gobierno de Obama no consigue antes que el Poder Judicial Federal de los Estados Unidos de América lo impida) convierte, en ese Estado, a todo inmigrante sin documentos en un peligroso delincuente, permitiendo que la policía detenga a cualquiera por el color de su piel, sus rasgos étnicos, su vestimenta, su idioma, o simplemente su acento lingüístico, para confirmar su estatus legal en ese país vecino.
Una norma de esas características es, conforme a la visión actual e internacional de los Derechos Humanos, una auténtica aberración jurídica, por ser francamente violatoria de preceptos fundamentales garantizados.
Es obvio que esa ley perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, latino, a los emigrantes americanos del sur del Rio Bravo hasta la Patagonia, así, en ese orden de descenso, primero a los mexicanos, y al final a los argentinos y chilenos; empero, en el fondo, ataca a todo ser humano. ¿Quién en este planeta no tiene raíz histórica de migrantes?, ¿quién puede asegurar que sus descendientes no requieran de migrar?
Por eso, la migración no puede ser un delito; sin embargo, el Presidente Barak Obama no está impugnando la Ley de Arizona, ante un Tribunal Federal, por violación a Derechos Humanos, sino porque es inconstitucional, ya que un gobierno estatal como el de Arizona no tiene facultades para legislar sobre migración, pues es una atribución exclusiva del gobierno federal de los EU.
Claro que independientemente del motivo y fundamento de la demanda del Presidente Obama en contra de la susodicha ley, en principio auxilia al interés humano, y a los mexicanos y latinos, pero al final de tal contienda judicial puede resultar que siendo una facultad del gobierno federal de los EU la legislación en esa materia, el Ejecutivo y el Congreso decidan, también, criminalizar a todo inmigrante.
Igual de agresiva o, incluso, más agresiva, sería que el contenido actual de la Ley de Arizona se convirtiera en Ley de los Estados Unidos de América, si tipifica como delito el ser inmigrante, y si permite la detención por motivos étnicos, religiosos, económicos, políticos, educativos, culturales, de lenguaje, de pobreza, de color de piel.
Jan Brewer, gobernadora de Arizona, ha reaccionado con una crítica severa en contra de la demanda presentada por el Presidente Obama, afirmando contundente: “Arizona está bajo el ataque de los narcotraficantes, y de los traficantes humanos; y, ahora, también recibe el ataque del Gobierno Federal, que demandó hoy al Estado por su ley antiinmigración”.
Y la opinión del pueblo estadunidense se encuentra polarizada. Unos a favor de la Ley de Arizona, proponiendo que sea ejemplo en toda la Unión, y otros francamente en contra de esa Ley; por ello, la demanda del Presidente Obama, a través del fiscal general Eric Holder, se observa valiente y comprometida, no obstante su litis tangencial, por dejar fuera lo básico del asunto.
La decisión del Presidente Obama de acudir a los tribunales, en contra de una ley estatal, supone un paso infrecuente y peligroso, poco recomendable frente a las elecciones legislativas de noviembre próximo.
Y ante esa realidad, ¿dónde se encuentra la diplomacia de México?, ¿qué está haciendo el gobierno federal a través de su cuerpo diplomático en los países en donde tenemos personal acreditado? Observo que ante la bizarría del Presidente Obama, en este caso, nos estamos viendo retardados.
