Principio de Igualdad
CON LA VARA QUE MIDAS…
Las reformas y adiciones de carácter Constitucional llevadas a cabo por el Constituyente Permanente, a iniciativa del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, bajo la real o supuesta necesidad de enfrentar con toda la fuerza pública al crimen organizado, redujeron derechos humanos a los gobernados sin aportar ningún beneficio a la sociedad y, sí, en cambio, han colocado a los individuos en la peligrosa situación de estar entre dos fuerzas armadas, formalmente una oficial, y otra delincuencial, pero en la realidad el mexicano ya no sabe cuál es una y cuál es otra, y entre las dos le tienen amedrentado y como rehén, lo que no le permite, en plena libertad, producir y desarrollarse de manera cabal, como todo ser humano.
Pronto será necesario revisar esas reformas Constitucionales aprobadas bajo precisión, pues se han desvirtuado; mientras, a nadie debemos desearle que le pase lo acontecido a los michoacanos que, siendo funcionarios públicos, fueron detenidos en clara violación a sus garantías individuales por supuestos delitos perpetrados en Michoacán, arraigados inconstitucionalmente en el Distrito Federal, sujetos a proceso después en otro Entidad Federativa y, ahora, trasladados para bien de los indiciados a Michoacán, con el riesgo de afectar la continencia de la causa.
Lo que comienza mal termina mal. De aquí se los llevaron por la desconfianza del Poder Ejecutivo Federal en la conducta del gobernador Leonel Godoy Rangel. La decisión de procesarlos fuera de Michoacán fue tomada por el primero, y motivada por el segundo, según razones expresadas en inicio.
Ahora ya están en casa, y a todos nos da satisfacción que así sea. Me gustaría decir que también están en familia, pero es una palabra que lamentablemente sufre de una connotación inconveniente. El personal de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en Michoacán tiene buen nivel jurídico, y márgenes de honestidad aceptables, así que podrán defenderse conforme a derecho.
Si el asunto es jurídico, como lo es, que ingenuidad y/o mala fe resulta el andar encontrándole paternidad o padrino político a la determinación judicial de radicar los procesos penales respectivos en Morelia, ya que los únicos que actúan y motivan en un juicio son las partes, y ni el gobernador Godoy ni los senadores son parte en esos procesos, menos los partidos políticos.
Empero, falta uno de los funcionarios detenidos. No ha sido radicada en Morelia la causa del ex presidente Municipal de Múgica, Armando Medina Torres, según lo ha hecho sentir el Presidente de Morelia Fausto Vallejo Figueroa. El principio de igualdad debe imperar. Todos los que actualizan los supuestos jurídicos de esa norma que permitió que la causa penal y el indiciado se radicaran en Michoacán deben obtener la aplicación de las mismas consecuencias de derecho.
Por cierto, la protesta y solicitud que dirige el gobernador Godoy al Presidente Calderón relativas a las visitas político-electorales de algunos de los secretarios federales, a Michoacán, tienen sustento real, y deben ser atendidas por el Ejecutivo Federal; pero también urge que alguien corrija jurídica, lógica y gramatical lo que el gobernador firma, esa misiva es una muestra. Pero, también, muchos presidentes municipales le pueden hacer el mismo reclamo al gobernador Godoy, ya que algunos de sus colaboradores realizan al interior del Estado sólo trabajo perredista.
