miércoles, 7 de mayo de 2014

En tela de juicio
TORTURA A LA MEXICANA
        En pleno mayo del 2014 el abogado argentino Juan Méndez, relator especial de la ONU, ha suscribió sus conclusiones de una visita oficial de trabajo que efectuó durante 12 días a nuestro país: "La tortura en México es generalizada". Así de claro; ¡así de preciso!
        En los Sentimientos de la Nación, presentados por José María Morelos el 14 de septiembre del 1813 ante el Congreso de Anáhuac, en el decimoctavo encontramos la siguiente literalidad: "Que en la nueva legislación no se admita la tortura".
        Eso significa que ese cura insurgente observó en la vida virreinal la admisión de la tortura e, incluso, en su religión católica, la que quería como "... única, sin tolerancia de otras", observaba constantemente a un Cristo torturado en una cruz con la personalización de hijo de dios e hijo del hombre, por lo que consideró que la Nación independiente a la que aspiraban no debía tener lugar ni en la nueva legislación, y menos en la realidad, este tormento.
        También en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, llamada comúnmente Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre del 1814, en sus artículos 22, 24, y 28, respectivamente se dispone: "Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga precisamente a asegurar las personas de los acusados"; "La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad..."; y, "Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley."
        En ese texto que en este año cumplirá 200 años, de su promulgación, se prohíbe tácitamente la tortura.
        Si analizáramos todas y cada una de nuestras constituciones veríamos que en forma expresa, o implícita, está proscrita por ellas la tortura; sin embargo, el enviado de la ONU llega a la conclusión de que la tortura, trabada constitucionalmente, goza de cabal salud en pleno 2014.
        Y eso que sólo enfocó su dictamen en la tortura ejecutada por la autoridad, y no en la practicada por la enorme gama de delincuencia que ejerce en México.
        Agrega en su conclusión el relator: "... casi todos los cuerpos policiacos mexicanos practican abusos en contra de los detenidos... los policías detienen vestidos de civiles, sin ninguna orden de arresto, entrando a los hogares sin permiso judicial, amenazando a las familias y privándolas de su libertad, golpeándolas con manos, pies, y todo tipo de armas e instrumentos, violando sexualmente, exhibiendo a personas como delincuentes sin serlo, no permitiendo que intervengan los abogados defensores... Y esto se practica con absoluta impunidad."
        Incluye en estas delincuenciales conductas a todas las policías, y a todas las fuerzas armadas del país; asegurando: "Todos los habitantes de México son culpables, hasta que no demuestren ser inocentes".
        Este demoledor diagnóstico exhibe la tortura a la mexicana. ¡Qué pena!, y qué responsabilidad.
        Estamos en tela de juicio. El derecho ordena lo que nadie cumple.