Esto es válido para todo, o no es válido
para nada. El rigor expresivo de esa frase debe quedar firme tanto para una
aprehensión reciente de una lideresa sindical como para la política energética,
para la reforma educativa o para la seguridad pública. Cuando un poderoso, mujer u hombre, cae en desgracia,
inesperadamente, la población se sorprende, registrando ahora la sentencia de
que en nuestro país no hay intereses intocables. Así que esperamos la
congruencia lógica de las palabras, para que se den los siguientes pasos.
El hecho simple de la aprehensión, y
ahora con auto de vinculación a proceso, motiva cierta confianza después del
asombro; empero, ¿qué vendrá después?
La incógnita no se refiere al proceso
penal en sí, ya que los pasos del derecho adjetivo están marcadas por la
legislación penal, reguladora de las normas constitucionales al respecto. Habrá
el periodo de pruebas, con toda la secuela del debido proceso, la sentencia de
la primera instancia, la segunda, los recursos ordinarios, las incidencias, los
amparos, la revisión en esta materia, y los demás etcéteras hasta la
ejecutoria.
El acto de autoridad referido tiene una
carga política indiscutible, y a la vista de todos, por lo que no sólo es
judicial.
Otra vez: ¿cuál es el siguiente paso? Si
este acto de autoridad no tiene planeación, programación ni proyecto, aún es
tiempo de reflexionar, pues nunca es demasiado tarde cuando se trata de
proteger el interés nacional.
El proceso penal para una lideresa,
supuestamente por disponer en forma ilícita, en su provecho o en beneficio de
terceros, de las cuotas de sus agremiados, debe servir para reordenar la vida
sindical de México, ya que la mayor parte de los trabajadores sindicalizados
del país tiene que sufrir tanto la expoliación del patrón como la de su propio
líder. Y este mal que nos corroe está a la vista de todos.
El encarcelamiento de esa lideresa, por
supuestamente actualizar las hipótesis jurídicas del crimen organizado, debe
ser útil para superar el flagelo de ese grave delito que afecta actualmente a
la vida del país.
Un proceso penal de esa envergadura no
puede ser un hecho aislado, sin consecuencia posterior consecuente con su
magnitud.
Una pésima organización social crea a
ese tipo de líderes. El paso urgente es establecer un nuevo y superior sistema
que termine de una vez por todas con esos productos nocivos.
Estamos ante esa breva de cambio, a efecto
de mejorar nuestras condiciones sindicales y educativas, para lo cual la
sociedad y los obreros, y sobre todo los trabajadores de la educación, debemos
sumarnos a la intención presidencial. Que nadie desprecie esa oportunidad de
desarrollo. Le cae al que se raje.
El Presidente de la República no debe
fallar en ese propósito. El pueblo de México menos.
