Precandidatos del PRD
LIMPIOS SEGÚN SEDENA
“Sin vínculos con delitos, aspirantes del PRD: Sedena”. Esta fue la nota periodística que destacó en su primera plana Cambio de Michoacán el día miércoles 6 de abril del año que corre, ¡y vaya que este año corre!, pues en un cerrar de ojos ya consumimos la mitad de la mitad del 2011.
Pero no estoy escribiendo para analizar el tema del tiempo, que tanto atrajo a Martín Heidegger, (1889-1976) filósofo alemán que con la conceptualización innovadora de esa categoría material pretendió, a su propio decir, “abrir mundos”.
No, para nada me ocuparé de ese tiempo. Mi pretensión será abrir los ojos, y reflexionar sobre el hecho que, al parecer, provoca la información que viene aparejada con el titular que transcribí en inicio.
Todo se genera, según la información periodística, por un comunicado “de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática”, la que asegura que, en principio, remitieron una comunicación a la secretaría de Gobernación para pedir informes oficiales de si se realizaba “algún tipo de investigación por vínculo con el crimen organizado, o por actividades ilícitas, de Antonio Soto, Fabiola Alanís, Enrique Bautista, Raúl Morón, Uriel López, Fidel Calderón, y Silvano Aureoles, aspirantes a la gubernatura de Michoacán”.
Y después, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, “tuvo un encuentro privado con el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván… y ´´este le informó… al presidente del partido del sol azteca… que no hay ningún hecho ilícito en que estén involucrados los precandidatos perredistas”.
De lo anterior se desprende que, cuando menos hasta el momento, no es un comunicado oficial de la secretaría de la Defensa Nacional, sino exclusivamente el decir de la dirigencia nacional del PRD, y reflejando, así, una ignorancia peligrosa, una actitud impolítica, y una conducta asaz de absurda.
Nadie en nuestra legislación penal, la federal o la estatal, tiene por qué probar su inocencia. La limpieza de ilícitos es una garantía individual de la que gozamos todos los individuos; y los perredistas enlistados por su dirigencia nacional gozan de las garantías que otorga nuestra Carta Magna.
Es verdad que el PRD tiene derecho de petición; pudiéndolo ejercer ante cualquier autoridad que sea competente para contestar sobre lo solicitado; empero, ni la secretaría de Gobernación ni la de la Defensa Nacional son competentes para dar este tipo de certificados, o de simples informes.
El monopolio de la acción penal lo sigue teniendo en nuestro sistema jurídico el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República es, en el ámbito federal, la competente para extender certificados negativos sobre los delitos que parecen inquietar al PRD respecto a sus precandidatos.
La secretaría de la Defensa Nacional tiene prohibición expresa de nuestra Constitución Federal para intervenir con los civiles respecto de esos asuntos sobre los que el PRD anda pidiendo informes y/o certificaciones.
Quien haya sido el de la idea de que la dirigencia nacional del PRD solicitara este tipo de certificaciones y/o informes a la Defensa Nacional sobre civiles, políticos, aspirantes a la gubernatura de Michoacán, carece del más elemental sentido jurídico, y no se imagina la trascendencia política que su error tiene. Y si fue el propio líder nacional, ¡vaya tontejez!
