Cuando se pierde el sentido de la
legalidad, queda a veces, al menos, una actitud escrupulosa, una pisca de
conciencia ética; sin embargo, en estos tiempos parece que también la moral
está ausente.
Tiempos ha habido en donde la ilegalidad
y la inmoralidad se han cubierto con una fachadas.
Otras épocas vivimos hoy. De ellas somos
espectadores, víctimas y cómplices. Una avanzada degradación social va
arrastrando lo que encuentra a su paso.
Ejemplos sobran. Señalaré uno.
Cada día se desgasta más el poder
público en México, y es por no saber ejercer legal y eficazmente la
coercitividad. Teme el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ser juzgado
como represor. La sombra del 1968, con estudiantes, se proyecta en las acciones
de los maestros en este 2013.
En Tlatelolco hubo represión, pero el
gobierno pudo y, en el caso, se observó que el poder desgasta.
Ahora la tolerancia gubernativa está al
máximo, y la gente ve que el gobierno no puede y, por ende, razona que el poder
desgasta, pero que el no poder desgasta más.
Ha llegado el poder público a una
encrucijada sin salida. Malo, si hace, peor si deja de hacer; y en ambos
opciones las consecuencias son desastrosas.
Llegó el tiempo de reflexionar
públicamente, y en voz alta, qué diferencia existe entre la represión y la
coercitividad, para poner en claro dentro de la conciencia popular estos dos
conceptos, y actuar en consecuencia.
Toda norma jurídica tiene dos partes:
las hipótesis de derecho; y, las consecuencias legales.
La literalidad del artículo 9o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena: "No se podrá
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto
lícito".
Significa que quien se asocia o se reúne
violentamente no tiene derecho ni a asociarse ni a reunirse, y el poder público
puede y debe aplicar la coercitividad en contra de quienes tal hagan.
Igual cuando el objeto de asociarse o
reunirse no sea lícito, la fuerza física a cargo del gobierno puede emplearse
en contra de los infractores.
Podemos reunirnos o asociarnos para
hacer peticiones, o para protestar, lo que no podemos hacer es "proferir
injurias contra" autoridades, ni hacer "uso de la violencia o
amenazas para intimidar" a las autoridades ni para "obligarlas a
resolver en el sentido que se desee".
Si los asociados o reunidos profieren
injurias en contra de las autoridades, o hacen uso de la violencia o formulan
amenazas para intimidarlas, más si pretenden obligarlas a resolver en el
sentido que desean, el poder público debe y puede hacer uso de la fuerza
pública para aplicar las consecuencias de derecho. Y con ello no se desgasta,
sino se legitima y fortalece.
Es la hora de la verdad, el gobierno
debe salir de ese laberinto de lo inescrupuloso. Aplicar la ley debidamente no
es represión; no aplicarla es una ilicitud.
