La
ponencia estuvo a cargo del magistrado Flavio Galván Rivera, y su proyecto fue
legal y debidamente fundado y motivado, imparcial y exhaustivo. No dejó lugar a
dudas, por lo que sus compañeros de tribunal lo aprobaron, haciendo precisiones
cada uno de ellos, o subrayados, en algunos aspectos de la litis.
Todo
lo resuelto por esta sala superior ya lo había externado como criterio
jurídico, en voto particular, la Magistrada Adriana Margarita Favela Herrera,
integrante de la Sala Regional de ese mismo Tribunal Electoral en Toluca,
respecto al sonado caso de la elección del Ayuntamiento de Morelia.
Así
que nuestro reconocimiento para esos magistrados de calidad moral y jurídica; y
de nueva cuenta nuestro rechazo y reprobación para esos magistrados de la sala
de Toluca, Carlos A. Morales Paulín y Santiago Nieto Castillo, quienes se
atrevieron, fuera de la Carta Magna y de la Ley, a nulificar más de 300 mil
votos de morelianos, contados varias veces, uno por uno, de manera pública.
Ellos deberían ser separados de sus cargos, y sentenciados, en debido juicio,
para que paguen la responsabilidad objetiva.
Estimulemos
a las autoridades honestas y capaces; repudiemos y castiguemos a los
funcionarios incapaces y deshonestos.
Pero
dejando atrás esa parte del proceso electoral, observamos que el pueblo de
Michoacán estuvo más atento y estresado ante la resolución de la sala superior
citada del tribunal federal electoral, que ante la emisión del voto de millones
de michoacanos el día 13 de noviembre del 2011.
El
voto nuestro era seguro, dependió de nosotros, eso nos dio toda la confianza
del mundo; en cambio, el voto de 7 personas, magistrados federales en materia
electoral, nos generaba desconfianza, por el antecedente pésimo de la sala de
Toluca en contra de la ciudadanía de Morelia, la que determinó que el
presidente municipal fuera, como lo es de hecho, Wilfrido Lázaro Medina.
Ese
fenómeno nos hace exigir a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión,
que acoten por ley a los órganos jurisdiccionales en la materia electoral, para
que jamás puedan anular el voto ciudadano, sino sólo para que vigilen los actos
inconstitucionales de los partidos, de los candidatos, y de los propios
organismos que aplican el derecho electoral al caso concreto con interés
controvertido.
Al
anular esa sala de Toluca, con franca apariencia de mal derecho, la elección
del Ayuntamiento de Morelia, cometió un acto inconstitucional, una aberración
jurídica, que no debe quedar impune.
Pero
viendo hacia el futuro, las palabras del Gobernador Constitucional de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, deben recordarse siempre, para que se
cumplan: auditoría externa en todo el gobierno para saber qué se recibe, e
igual auditoría cuando se entregue; y, honradez en el manejo del erario.
