En lugar de la Violencia
LA EDAD DE LA RAZÓN
Ha consternado a la sociedad el asesinato de Enrique Villicaña Palomares, académico nicolaita, gente de bien, inquieto desde joven estudiante como organizador de grupos, logró dos licenciaturas, y prosiguió su esfuerzo para obtener superiores grados universitarios. Hasta donde sé, después de desempeñar varios cargos públicos, dedicaba sus tiempos a dar clase y a ejercer como Notario Público en Morelia.
Su homicidio, y antes su secuestro, cualquier que haya sido el móvil, quien quiera que lo haya cometido, independientemente del instrumento del delito, son actos ilícitos que se persiguen de oficio, y tiene el deber de intervenir el ministerio público, el federal o el estatal, según sea el caso, pero siempre la responsabilidad de la procuración de la justicia la tiene o la Procuraduría General de la República, o la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En la especie y en principio, parece que la competencia es estatal, y es un absurdo jurídico que el Ciudadano Procurador J. Jesús Montejano Ramírez manifieste públicamente que “la procuraduría tuvo conocimiento desde el mismo día de su secuestro, pero a petición de la familia del afectado no se intervino”, cuando conforme a derecho la primera afectada es la sociedad, y él lo sabe como abogado.
Lo real es que la violencia en todo México se ha desatado, y el gobierno no es ajeno a esta responsabilidad. Su ineptitud, mala fe, flojera, miedo, deshonestidad, son parte de la etiología. La primera obligación de todo gobierno es brindar a la población seguridad jurídica; y es una irresponsabilidad el archivar la abrumadora mayoría de los casos penales so pretexto de que son del crimen organizado. La impunidad provoca más delincuencia.
Los miles de millones que dice el gobierno que gasta en el campo, en la educación, en la presa Francisco J. Múgica, en puentes y carreteras, en pasos a desnivel, en infraestructura urbana y turística, no sirven de nada si no ayudan para generar seguridad jurídica y, por ende, una mejor calidad de la vida para todos. Y a lo mejor ni los gastan, sino los desvían deshonestamente.
Pero, si todo eso no produce seguridad jurídica para los mexicanos, y nuestros visitantes, no está sirviendo por alguna razón, ya que la seguridad jurídica es la base, y un fin, de todo lo demás, y ésta se da cuando todos los habitantes podamos estar seguros en nuestro hogar, cuando podamos salir a la calle, al trabajo, a la escuela, al campo, a carretera, a los mercados, a los sanos esparcimientos, con la familia, o solos, y todos respetemos la vida, la integridad física, las propiedades, las posesiones, los derechos de todos.
Esos valores deben ser promovidos, para su pleno respeto, a través de la educación, de la economía, de la productividad agrícola, industrial, turística, comercial, pero sobre todo, por nuestras autoridades, y no por sus palabras, sino por sus actos.
Polonia se quedó sin Presidente y sin gabinete presidencial hace unos días, por un accidente de aviación, ¡qué duro trance!; empero, en México y en Michoacán estamos sin gobierno, y en peores circunstancias, porque aquí gastan y cobran miles de millones, y no poca gente les ha perdido la confianza. No se olvide que parte de la población les teme más a ellos que a la delincuencia.
¿Qué debe hacer la sociedad, el Presidente, el gobernador, para que en lugar de la violencia se instaure la edad de la razón? ¿Lo sabrá el Presidente? ¿Lo sabrá el gobernador?
