El Estado Mayor
Presidencial, en nuestro país, es la organización mejor equipada para
proporcionar ese tipo de servicio; empero, entre mayor sea la seguridad
personal de la Cocoa, ella puede tener la seguridad de que profundiza un
alejamiento con la población ciudadana o, al menos, no puede lograr el
acercamiento personal necesario para la obtención del voto, por más que use
medios masivos de comunicación costosísimos.
Por lo que ve a los otros
dos candidatos, ninguno de ellos tiene protección del Estado Mayor
Presidencial, todo por carecer de un hermano Presidente de la República, ¡quién
les manda no contar con ese privilegio!
Sin embargo, el gobernador
Leonel Godoy Rangel, en su ejercicio oficioso de vocero de Fausto Vallejo
Figueroa y de Silvano Aureoles Conejo, expresó públicamente que “los candidatos
a la gubernatura del PRI, y del PRD, respectivamente, aceptaron el protocolo de
seguridad, consistente en un apoyo muy discreto, mucho muy discreto, de tres
gentes cada quien”.
Contrario a lo afirmado
por el titular del Ejecutivo Estatal, la presidente del IEM, María de los
Ángeles Llanderal Zaragoza, aseguró un día después de lo manifestado por el
gobernador: “Hasta el momento nadie se ha acercado con nosotros. Ningún partido
o candidato ha solicitado se le brinde seguridad personal dentro del protocolo
que ofrecieron los gobiernos, federal y estatal”.
En realidad, tanto el
gobierno federal como el estatal tienen la ineludible obligación de brindarnos
seguridad a todos los individuos, a todos los gobernados, sin necesidad de
ningún protocolo.
Es obvio, por ende, que
sobran los protocolos, o el protocolo. Todos los candidatos a la gubernatura, a
las diputaciones, a las presidencias municipales, a las sindicaturas, a las
regidurías, deben gozar de suficientes y eficaces garantías de seguridad en
todo Michoacán.
Los responsables directos
de esta seguridad pública son el gobernador Godoy, y el Presidente Felipe
Calderón Hinojosa, de acuerdo a sus atribuciones legales, y a través de los
órganos creados por Ley para ese fin. Así, ambos son encargados de esta
delicada función de Estado.
Sería conveniente que el
texto íntegro de ese protocolo, absurdo e ilegal, lo conociera la población.
Eso aclararía muchas dudas.
Esas tres gentes, o
agentes, ¿son federales o estatales?, ¿tendrán capacidad para cumplir
eficazmente su encargo?, ¿no serán simples orejas para comunicar a sus jefes
datos políticos o electorales?, ¿no servirán de Caballos de Troya para fines
protervos?, ¿o los candidatos los
designan, para que los paguen los dos niveles de gobierno?
Total, cualquiera que sea
la respuesta, eso viola el artículo 13 de nuestra Carta Magna: “Nadie puede
gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y
estén fijados por la ley”, y no por protocolos de naturaleza desconocida.
